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IX Conferencia de los Intergrupos Parlamentarios
"PAZ Y LIBERTAD EN EL SAHARA" celebrada en el
Parlamento de Islas Baleares -Palma de Mallorca-
los días 11 y 12 de marzo de 2005
En unos momentos de agravamiento de
la represión a la población saharaui en los
territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara
Occidental, que en los últimos días ha causado
numerosos heridos y detenciones, la IX Conferencia
de los Intergrupos parlamentarios “Paz y Libertad en
el Sáhara” acuerda por UNANIMIDAD la siguiente:
RESOLUCIÓN FINAL
En 1975, en el Sahara Occidental, un pueblo, que fue
en otros tiempos parte de España, fue engañado y
vendido de forma ignominiosa por el último Gobierno
de la dictadura, que lo arrojó a las garras de un
régimen arcaico, expansionista, que más allá de sus
proclamaciones de tinte propagandístico, desmentidas
por los hechos, no es ni puede ser todavía un sujeto
activo para la paz y los ideales democráticos.
El Sahara Occidental y el sufrimiento de su pueblo,
que con tanta dignidad, entereza y responsabilidad
resiste una ocupación militar de consecuencias más
que trágicas por la masiva violación de los derechos
humanos ahí perpetrada, no nos son indiferentes.
Esta ocupación marroquí del Sahara Occidental fue
acompañada de graves violaciones de los Derechos
Humanos y de las libertades fundamentales. Las
tropas de ocupación marroquíes que en 1975 violaron
completamente el derecho humanitario internacional,
tal como estaba estipulado por la Convención de
Ginebra, bombardeando con Napalm y fósforo blanco a
civiles saharauis, destruyendo su posibilidad de
supervivencia en el desierto al envenenar los puntos
de agua y matando sus rebaños de camellos, son las
mismas fuerzas armadas que siguen oprimiendo en la
más completa impunidad, a pesar del alto el fuego y
de la supervisión de la Misión de Naciones Unidas
para el Referéndum del Sahara occidental (MINURSO);
La población saharaui que no pudo huir se encuentra
bloqueada dentro de los territorios ocupados al
oeste de un muro fortificado construido por el
ejército marroquí y que, sembrado de millones de
minas anti-personales divide el país totalmente de
norte a sur y separa familias enteras.
Este muro de vergüenza ha causado y sigue causando
enormes pérdidas humanas y materiales.
Millones de personas han accedido a la independencia
desde que fue adoptada la Declaración sobre la
Obtención de Independencia de los países y pueblos
colonizados, en 1960, que junto con la Carta de las
Naciones Unidas y la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, constituye la base del papel y la
responsabilidad que incumbe a todos los estados
miembros de la Organización de las Naciones Unidas,
entre ellos España, en materia de democratización y
de realización del principio de autodeterminación.
Según las Naciones Unidas, el Sahara Occidental es
un territorio pendiente de descolonización y, por
ello, sigue incluido en la lista de territorios no
autónomos, aprobado por la Asamblea General.
Marruecos, a pesar de la ocupación de facto no tiene
estatus de potencia administradora tal y como
ratificó el Departamento de Asuntos Jurídicos en su
informe s/2002/161 de 29 de enero de 2002.
Los diferentes gobiernos de la democracia española,
lejos de hacer frente a sus responsabilidades en
esta cuestión, han preferido dejar en manos de la
Comunidad Internacional las propuestas de resolución
del conflicto, cuando no han alentado la ocupación
ilegal del territorio mediante la venta de armas y
la firma de tratados y convenios preferenciales con
Marruecos en materia tanto económica como política.
Por el contrario, las ayudas económicas y políticas
al único representante legítimo reconocido del
Pueblo Saharaui, el Frente POLISARIO no llegan a
superar el límite de lo vergonzoso.
Las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General
y del Consejo de Seguridad, llevan años intentando
obtener la cooperación de Marruecos para la
celebración de un referéndum de autodeterminación
que permita al pueblo saharaui decidir libremente su
futuro.
Es la vía elaborada por la ONU para poner fin de
manera civilizada y pacífica a una tragedia, que nos
afecta a nosotros como ciudadanos, a nuestro país y
a las credenciales democráticas de nuestros
gobiernos.
La continua oposición de Marruecos a la acción de
Naciones Unidas, unida a su incapacidad para imponer
sus Resoluciones en el Sahara Occidental, ha sido
reiteradamente corroborada y no data de hoy.
Primero fue en 1975, cuando humilló a nuestro país a
través de la puesta en marcha de una estrategia de
presión que no tiene nombre, que desembocaría en la
firma de los tristemente célebres acuerdos de
Madrid, condenados por el conjunto de los partidos
de oposición democrática y la opinión pública.
Después, los esfuerzos y decisiones de la OUA sobre
la cuestión del Sahara Occidental, que reconoce y
defiende la independencia saharaui y de su país, la
RASD, fueron despreciados por Marruecos.
En 1990-91 el Plan de arreglo, aceptado por las dos
partes en el conflicto y aprobado por el Consejo de
Seguridad fue claramente obstruido por Marruecos.
Más tarde, las propuestas formalizadas por James
Baker que condujeron en septiembre de 1997 a los
Acuerdos de Houston fueron también obstruidas por
dicho país.
Igualmente, la aplicación del último Plan de Paz
propuesto por Baker está siendo burlado por el
Gobierno marroquí, a pesar de haber sido dicho Plan
respaldado por el Consejo de Seguridad en su
resolución 1495(2003) adoptada bajo la presidencia
española del Consejo.
Mientras tanto, diversas organizaciones de derechos
humanos independientes, como Amnistía Internacional,
la Federación Internacional de Derechos Humanos,
incluso el Colegio de Abogados de Estado Español,
han tenido que concluir que los nuevos gobernantes
marroquíes siguen ignorando los derechos humanos en
el Sahara Occidental y en el mismo Marruecos.
Varios centenares de saharauis desaparecieron tras
su detención por las fuerzas marroquíes en los
territorios ocupados, un territorio cuyo acceso está
virtualmente vetado a los organismos humanitarios y
a la prensa independiente, tal y como muchos de
nosotros pudimos comprobar de forma directa.
A pesar de las esperanzas que despertó la llegada al
trono de Mohamed VI, desde la entronización del
nuevo rey, centenares de saharauis siguen detenidos
tras haber sido arbitrariamente detenidos y
torturados, y muchos de los cuales sobreviven a
duras penas aún en las siniestras cárceles
marroquíes.
Otros centenares de personas han sido violentamente
reprimidas por haber participado en manifestaciones
pacíficas. En los territorios ocupados, las acciones
de la sociedad civil no son toleradas y los
defensores de los Derechos Humanos sufren
intimidaciones y amenazas de represalias contra
ellos y contra los miembros de sus familias.
Aún hoy, ser saharaui bajo la ocupación marroquí
significa vivir con el temor de las detenciones
arbitrarias, de la tortura, del apresamiento sin
proceso judicial, de los juicios injustos, de las
desapariciones y de las ejecuciones sumarias, todo
ello sin mencionar las discriminaciones en los
lugares de trabajo y el constante saqueo de los
recursos naturales del Sahara Occidental por el
reino de Marruecos.
El asunto del Sahara Occidental es un problema de
descolonización inscrito, desde hace más de cuatro
decenios, en el orden del día de la cuarta Comisión
de la Asamblea General, y por consiguiente sometida
a Derecho en el ejercicio por el pueblo saharaui de
su derecho inalienable a la autodeterminación y la
independencia.
El señor James Baker, cuya dimisión en cuanto
Enviado Personal del Secretario General de la ONU
lamentamos profundamente, ha encontrado toda la
disponibilidad y el compromiso del Frente Polisario
para ayudarle en sus meritorios esfuerzos para la
llegada de una paz justa y definitiva tras el
conflicto que la agresión y la ocupación colonial
marroquí ha impuesto en nuestra región desde hace
casi treinta años.
Es Marruecos quien, tras haberlo aceptado, bloqueó
la aplicación del Plan de Arreglo de 1991 ; sigue
siendo Marruecos quien, tras haberlos firmado,
impidió que se realizaran los Acuerdos de Houston ;
y es Marruecos una vez más el que se niega hoy a
suscribir el Plan Baker titulado “Plan de Paz para
la autodeterminación del pueblo del Sahara
Occidental”, adoptado por unanimidad por el Consejo
de Seguridad en sus resoluciones 1495 y 1541.
Los datos del problemas están claros y las
responsabilidades del bloqueo bien establecidas.
Al mismo tiempo, expresamos nuestra preocupación por
la postura confusa del actual Gobierno Español
respecto a la búsqueda de una solución pacifica y
definitiva de un conflicto que ha durado demasiado y
ha causado enormes sufrimientos al Pueblo Saharaui e
inestabilidad en la región.
Creemos que España, por las responsabilidades que
tiene hacia el Pueblo Saharaui, debe mantener una
posición valiente y honorable, al menos igual a la
que la tomó Portugal hacia su antigua colonia, Timor
Oriental, la cual, gracias entre otras cosas, al
apoyo diplomático, político y humanitario de
Portugal, logró la independencia en 1999.
Marruecos no sólo ha incumplido los compromisos
asumidos en virtud del Plan de Arreglo que había
aceptado durante muchos años, sino también las
responsabilidades que se derivan de su calidad de
miembro delas Naciones Unidas.
Por lo tanto y, ante todo lo anterior,
PEDIMOS
al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que asuma la responsabilidad histórica de
España con el pueblo saharaui, defienda su derecho
de autodeterminación y le devuelva al Estado Español
la legalidad internacional perdida desde 1975.
También le pedimos que intensifique las acciones
realizadas hasta ahora con este objetivo, tanto a
nivel diplomático como a nivel de ayuda humanitaria
y que ejerza un liderazgo activo en la búsqueda de
una solución justa y respetuosa con los derechos del
pueblo saharaui.
PEDIMOS
y EXIGIMOS por dignidad hacía el pueblo
saharaui y las personas que lo componen, que el
Consejo de Seguridad, juntamente con la Comunidad
Internacional y liderado por el Gobierno del Estado
Español, tome decisiones más efectivas y diligentes
para que este pueblo extraordinariamente inmenso en
sus valores, en su cultura y en su historia decida
libre y democráticamente su propio futuro con la
celebración del referéndum de autodeterminación.
DEMANDAMOS la apertura del territorio ocupado
ilegalmente por Marruecos, a la libre circulación de
los juristas y observadores internacionales, los
medios de comunicación, organizaciones
internacionales y ONGs, así como a detener el saqueo
de todos los recursos naturales y patrimoniales que
constituyen la riqueza saharaui.
REQUERIMOS el cese inmediato de la violación
de los derechos humanos en la zona ocupada y la
inmediata liberación de los presos de conciencia, la
suspensión de los juicios inicuos, las detenciones
arbitrarias, la tortura, la discriminación que se
ejerce sistemáticamente sobre los ciudadanos
saharauis y el esclarecimiento del destino de los
saharauis desaparecidos.
SOLICITAMOS
que, ante la dramática situación actual, se amplíe
la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo,
institucional, estatal, autonómica, local y europea
a los 200.000 refugiados saharauis que sufren y
malviven en Tindouf, Argelia y en los territorios
liberados del Sáhara Occidental.
RECLAMAMOS al Gobierno de Francia que deje de
interferir en el conflicto del Sahara Occidental y
adopte la misma doctrina que la pregonada respecto a
la ocupación de Irak. Francia, cuna de las
revoluciones y de los principios de libertad,
igualdad y fraternidad, no puede seguir negando el
derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y
la independencia.
DENUNCIAMOS
la permanencia del muro defensivo de 2.500 kms.,
construido por Marruecos en el Sáhara Occidental,
que supone una anexión de facto de la
mayor parte del territorio y dificulta aún más la
evolución jurídica, política y humana del Sáhara
como cuestión de descolonización. Este “muro del
apartheid”, sembrado de millones de minas
antipersonales y defendido por más de 125.000
militares marroquíes, viene humillando desde hace
dos décadas al pueblo saharaui, atenta contra la
población de las zonas ocupadas y de los campamentos
de refugiados; ha roto sus familias y es la
expresión física del régimen marroquí, que impide
movimientos vitales para la mayoría de los saharauis
y convierte al Sáhara en un gueto. Si Marruecos
concibió el muro como defensivo, debiera haberlo
erigido en su tierra, no en el Sáhara Occidental.
Finalmente, de esta Resolución, aprobada por
UNANIMIDAD de todos los grupos políticos
participantes en esta Conferencia, se dará traslado
a todas las Instituciones del estado español
así como al:
-Secretario General de la ONU.
-Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
-Intergrupo “Paz en el Sáhara” del Parlamento
Europeo.
-Intergrupos del congreso de los Diputados, Senado,
así como Parlamentos y Asambleas de las CC.AA.
-Embajadas y Consulados de los países miembros del
Consejo de Seguridad de NNUU.
-Casa Real de Marruecos.
-Embajada de Marruecos.
-Rey de España.
-Presidente del Gobierno de España.
-Ministro de Asuntos Exteriores de España.
-Delegación en España del Frente POLISARIO.
-FEDISSAH.
En Palma de Mallorca, a 11 de marzo de 2005.
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