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IX Conferencia de Intergrupos
Parlamentarios
PAZ
Y LIBERTAD EN EL SAHARA
Palma de Mallorca, 11 de marzo 2005
PACTO INTER PARLAMENTARIO PARA LA DESCOLONIZACIÓN
DEL SAHARA OCCIDENTAL
La IX
Conferencia de Intergrupos Parlamentarios Paz y
Libertad en el Sahara, reunida en el Parlamento
de las Islas Baleares, que comprende a la totalidad
de intergrupos de los parlamentos autonómicos, así
como a los grupos que en el Congreso de los
Diputados y en el Senado trabajan por la justa causa
saharaui y que, en su conjunto, agrupa a los
partidos con algún tipo de representación
parlamentaria, ha decido impulsar el siguiente
Pacto interparlamentario para la descolonización del
Sahara Occidental:
Desde
1964 hasta hoy la Organización de las Naciones
Unidas, a través de múltiples resoluciones de su
Asamblea General, así como del Consejo de Seguridad
y de sus diversos organismos, entre los que podemos
destacar a la Comisión de Descolonización (IV
Comisión) o la Oficina para Asuntos Jurídicos,
mantiene al Sahara Occidental en su lista de
Territorios No Autónomos, es decir sujetos a un
proceso de descolonización que obstaculiza su acceso
a la independencia.
Al
respecto de estas situaciones, la doctrina de la ONU
se resume en la resolución de la Asamblea General
1514 sobre la Concesión de la Independencia a los
Países y Pueblos Coloniales en la que
literalmente se afirma que la sujeción de los
pueblos a una subyugación, dominación y explotación
extranjeras constituye una denegación de los
derechos humanos fundamentales y es contraria a la
Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa
de la paz y de la cooperación mundiales.
De
acuerdo con esa misma doctrina, el Pueblo Saharaui
es el único sujeto legitimado para ejercer el
derecho a la autodeterminación sobre el Sahara
Occidental, sin que ningún otro pueblo o país pueda
condicionar este derecho.
Estado Español es histórica y políticamente
responsable de la colonización sufrida por el pueblo
del Sahara Occidental al haber ocupado y explotado
sus recursos durante más de un siglo.
Esa
responsabilidad no termina, como algunos han
pretendido con la firma de la
Declarción de Principios
entre España, Marruecos y Mauritania sobre el Sahara
Occidental, de
14 de noviembre de 1975 conocida como Acuerdos
Triparatitos o de Madrid , que representa
la entrega del territorio – y sus habitantes - hasta
entonces
administrados por España a Marruecos y Mauritania,
triste acontecimiento del que se cumplen ahora 30
años
Al contrario, los Acuerdos Tripartitos no
solo carecen de cualquier valor jurídico, al
realizarse en contra de los principios y pactos
internacionales asumidos por el Estado Español, en
especial contra la
citada resolución1514, sino que, a la luz de la
historia y de la ética política no tienen
legitimidad alguna. Estos acuerdos firmados por la
dictadura franquista son, además, responsables de la
grave situación que atraviesa el Pueblo Saharaui
desde entonces.
Efectivamente, la retirada de España y ocupación
por Marruecos (y en su día también por Mauritania)
del territorio han provocado el estallido de una
larga guerra, el exilio masivo de centenares de
miles de saharauis y, en definitiva, la conculcación
de los derechos humanos fundamentales individuales y
colectivos del Pueblo Saharaui durante estos 30
años.
Por
ello ningún gobierno democrático puede argumentar
que aquel u otros actos de abandono del territorio
pusieran fin a las
responsabilidades que a España le corresponden como
potencia colonizadora del Sáhara Occidental.
El penoso hecho de que en pleno siglo XXI, y
a
mitad del Segundo
Decenio Internacional para la Eliminación del
Colonialismo
(2001-2010), el Sáhara Occidental siga siendo, según
la ONU, el único territorio pendiente de
descolonización del continente africano y uno de los
16 territorios no autónomos de todo el mundo, unido
a los sufrimientos que esta situación provoca en la
población autóctona, deberían ser razón suficiente
para una intervención decidida del gobierno para
poder llegar a una solución del conflicto justa y
definitiva.
Sin
embargo, los diferentes gobiernos de la democracia,
lejos de hacer frente a sus responsabilidades en
esta cuestión, han preferido dejar en manos de la
Comunidad Internacional las propuestas de resolución
del conflicto, cuando no, han alentado la ocupación
ilegal del territorio mediante la venta de armas y
la firma de tratados y convenios preferenciales con
Marruecos en materia tanto económica como política.
Por el contrario, las ayudas económicas y políticas
al único representante legítimo reconocido del
Pueblo Saharaui, el Frente POLISARIO no llegan a
superar el límite de lo vergonzoso.
Por
su parte, la Comunidad Internacional, las Naciones
Unidas y el resto de los organismos internacionales
han sido incapaces de imponer su propia doctrina a
la intransigencia marroquí, permitiendo y afianzado,
de esta forma, el hecho consumado de la ocupación
ilegal. Por otra parte, ni las instituciones
internacionales, ni el gobierno español, de acuerdo
con las responsabilidades que les corresponden, han
sido capaces de asegurar unas condiciones dignas de
supervivencia para los miles de personas que viven
exiliadas como consecuencia del conflicto.
Esta
política de los gobiernos españoles y de los
organismos internacionales contrasta con el
imparable crecimiento de la corriente de solidaridad
que la causa saharaui ha venido despertando en la
población a lo largo de estos años. El número y la
calidad de las acciones de solidaridad y cooperación
desarrolladas por las asociaciones civiles y las
instituciones locales y autonómicas han crecido y
siguen creciendo de manera exponencial en el
conjunto del país a medida que se afianza el
conocimiento de la situación del Pueblo Saharaui.
Los
intergrupos aquí representados nos sentimos parte de
la corriente de solidaridad que atraviesa el
conjunto de la sociedad y que contrasta con las
posiciones mantenidas hasta ahora por los gobiernos
del Estado.
El
actual gobierno del Estado, encabezado por Rodriguez
Zapatero ha declarado reiteradamente su intención de
intervenir directamente para buscar una solución al
conflicto del Sahara Occidental, lo cual abre una
ventana de esperanza para quienes pensamos que la
implicación de España en la solución del conflicto
es una cuestión de justicia pendiente.
Sin
embargo, no es menos cierto que entre el conjunto de
declaraciones y gestos de los responsables
diplomáticos españoles es difícil adivinar una
posición clara y firme a favor del ejercicio de la
autodeterminación del pueblo saharaui. A nadie se le
oculta el conjunto de intereses internos y externos
que dificultan la acción del gobierno en este
sentido.
Por
todo ello, la IX Conferencia de Intergrupos
Parlamentarios Paz y Libertad en el Sahara, ,
que comprende a la totalidad de intergrupos de los
parlamentos autonómicos, así como a los grupos que
en el Congreso de los Diputados y en el Senado
trabajan por la justa causa saharaui y que, en su
conjunto, agrupa al conjunto de partidos con
representación parlamentaria, ha decido impulsar el
siguiente Pacto Interparlamentario para
la Descolonización del Sahara Occidental:
CONSIDERANDO
que
el conflicto que sufre en la actualidad el Pueblo
Saharaui no es sino un problema de DESCOLONIZACIÓN
inconclusa,
CONSIDERANDO
que en ese proceso la responsabilidad histórica,
política y ética fundamental le corresponde al
Estado Español en cuanto potencia colonial del
Sahara Occidental.
CONSIDERANDO
que el conjunto de la opinión pública española se ha
manifestado clara y reiteradamente, tanto a través
de organizaciones ciudadanas como de sus
instituciones representativas, en especial a través
de sus Parlamentos, a favor del ejercicio del
derecho a la autodeterminación del Pueblo Saharaui,
CONSIDERANDO
las declaraciones del gobierno actual, presidido por
José Luis Rodríguez Zapatero, en el sentido de
fundar su actuación en materia de política
internacional acorde con la legalidad internacional
y las Naciones Unidas así como su declarada
intención de contribuir a una solución del conflicto
justa y definitiva,
CONSIDERANDO
que la firma de los llamados acuerdos tripartitos,
de la que se cumplirá este año el trigésimo
aniversario, es una carga para la democracia
española que debe ser enmendada y que la política de
dejación de responsabilidades practicada por otros
gobiernos no es sostenible sin menoscabo de la misma
democracia,
INSTAMOS
al
Gobierno Español, a que, de acuerdo con el punto 5
de la Declaración sobre Concesión de Independencia
a los Países y Pueblos Coloniales de las Naciones
Unidas, emprenda una acción decidida para que el
proceso de descolonización del Sáhara Occidental,
que se vio interrumpido en 1975, culmine de forma
exitosa y se posibilite ( …)” asumir todos los
poderes a los pueblos de esos territorios, sin
condiciones ni reservas, en conformidad con su
voluntad y sus deseos libremente expresados(…)”
PROPONEMOS
que en esta tarea sea el propio Presidente de
Gobierno quién, en coordinación con las instancias
que considere oportunas, establezca una estrategia
de actuación en la materia, que incluya todos los
ámbitos de la actuación del gobierno que se vean
afectados, para la celebración de un referéndum de
autodeterminación que permita llegar a la
independencia del pueblo saharaui.
DECLARAMOS
nuestra voluntad decidida de coadyuvar en esta
tarea, prestando al Gobierno y a su Presidente, todo
el apoyo de nuestros grupos parlamentarios para que
esta acción obtenga, no sólo el consenso de todos
los grupos políticos con representación
parlamentaria, sino el apoyo y el empuje del
conjunto de los parlamentos e instituciones donde
estamos representados.
En
Palma de Mallorca a 11 de marzo de 2005.
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