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Texto de la Proposición no de Ley del Grupo
Parlamentario de IU, que el Pleno del Congreso de
los Diputados aprobó el 13 de marzo de 2007 por 305
votos a favor y 1 en contra
A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Al
amparo de lo establecido en el Reglamento de la
Cámara, Grupo parlamentario de IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS presenta la
siguiente Proposición no de ley sobre el
Sahara Occidental, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores y en el Pleno.
Las
exigencias perentorias que plantea la actual
coyuntura internacional, reclaman por parte del
Gobierno la adopción de acciones y medidas en todos
los campos geopolíticos en los que España tiene
comprometida su implicación y, muy especialmente, en
relación con el Sahara Occidental.
Desde que el Reino de Marruecos y el Frente
Polisario acordaran buscar una solución al conflicto
en el marco de la ONU hace ya 18 años, este
organismo ha presentado cinco planes distintos para
tratar de desbloquear la negociación entre las
partes. El resultado ha sido hasta ahora muy
limitado, pues desde que se puso en marcha el plan
de arreglo en 1991, las autoridades marroquíes no
han cesado de aplicar tácticas dilatorias que le han
servido para ganar tiempo y mantener su ocupación de
facto del territorio.
El 31 de julio de 2003, el Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución
1495 que apoyaba el Plan Baker II. Este Plan de Paz
para la libre determinación del Sahara Occidental
contemplaba la celebración de dos procesos
electorales: uno para elegir a los miembros de la
Asamblea Legislativa y al Jefe Ejecutivo de la
Autoridad del Sahara Occidental. El segundo proceso
electoral decidiría sobre el estatuto final del
territorio en un plazo de cuatro a cinco años a
partir de su aplicación. Mientras el Frente
Polisario anunciaba su disposición a explorar esta
nueva vía, el Reino de Marruecos la rechazó
categóricamente.
El 17 de mayo de 2005, con motivo del Debate sobre
el estado de la Nación, el Congreso de los Diputados
aprobó por unanimidad una resolución sobre el Sahara
en la que instaba al Gobierno a promover todas las
iniciativas políticas orientadas a alcanzar un
acuerdo entre las partes, que respete la legalidad
internacional y el legítimo derecho del pueblo
saharaui a la libre determinación.
En el último año transcurrido, sin embargo, y pese a
la gira realizada por el Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores en Tinduf y Rabat, el Gobierno
parece haber mantenido una orientación
condescendiente con Marruecos en el conflicto del
Sahara, concediendo más importancia a la estabilidad
interna que al proceso de cambio democrático en
aquel país y a la búsqueda de una solución justa,
permanente y basada en el derecho de
autodeterminación mediante un referéndum del pueblo
saharaui. En consecuencia, con su aproximación a las
posiciones de Marruecos en este conflicto, el
Gobierno ha incumplido la orientación marcada hace
un año por el Congreso de los Diputados. Además, el
Gobierno ha apoyado activamente el reciente acuerdo
de pesca suscrito entre la UE y Marruecos, que
incluye las aguas del Sahara Occidental, lo que ha
sido interpretado por el Frente Polisario como un
alineamiento con las posiciones expansionistas de
Rabat.
Hoy día, 31 años después del inicio de este
conflicto, que comenzó cuando Marruecos ocupó la
antigua colonia española en 1975, la situación sigue
estancada. La liberación de los prisioneros de
guerra marroquíes por parte del Frente Polisario,
primero, el indulto real de una parte de los presos
políticos saharauis por parte de Marruecos, parecía
haber distendido las relaciones, en marzo y abril de
2006 una violenta represión contra manifestantes
saharauis partidarios de la autodeterminación ha
vuelto a distanciar a las partes.
De otra parte, las inundaciones catastróficas de los
campos saharauis han vuelto a poner de relieve la
grave situación humanitaria a la que están sometidos
los refugiados desde hace varias décadas, pese a la
ayuda española e internacional, todavía
insuficiente.
El Gobierno debería rectificar su orientación y
mantener los compromisos de Estado adquiridos como
Administración responsable del territorio y mantener
su apoyo al legítimo derecho de autodeterminación
del pueblo saharaui, en cumplimiento de las propias
resoluciones de la ONU y conforme al Derecho
Internacional. La voluntad de cooperación con el
vecino Reino de Marruecos debe ser compatible con
esa responsabilidad, máxime cuando aquel país es el
principal receptor de la ayuda española al
desarrollo. En este sentido, merece ser apoyada la
iniciativa del Ministro de Asuntos Exteriores, que
ha pedido a Marruecos y Argelia que trabajen
conjuntamente en la resolución del contencioso
saharaui, en el marco de la integración regional
magrebí.
Por todo ello el Congreso de los Diputados, insta
al Gobierno a que,
1.- Defienda la necesidad de una solución urgente,
justa y definitiva al conflicto del Sahara
Occidental, en el marco del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, de acuerdo a la legalidad
internacional, que permita resolver el drama
humanitario que vive el Pueblo Saharaui desde hace
más de treinta años.
2.- Promueva todas las iniciativas políticas que
contribuyan a conseguir un acuerdo consensuado entre
las partes, que respete la legalidad internacional y
el legítimo derecho del Pueblo Saharaui a la libre
determinación de acuerdo con la Carta de las
Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de
Seguridad.
3.- Contribuya en el proceso de consenso y acuerdo
liderado por Naciones Unidas, adoptando iniciativas
políticas en la Unión Europea y en sus Estados
miembros para conseguir una implicación activa en la
solución del conflicto y que posibilite una amplia
cooperación entre la Unión Europea y el Magreb
facilitando, a su vez, el avance en las relaciones
entre España y los países que lo integran.
4.- Incremente sustancialmente la ayuda humanitaria
y la cooperación técnica, especialmente a través de
las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
españolas a los campamentos de refugiados saharauis,
utilizando a tal efecto todos los instrumentos
disponibles de la cooperación pública, tanto de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, como
de las Comunidades Autónomas y las Entidades
Locales, mejorando la coordinación entre todas.
5.- Adopte las medidas necesarias que contribuyan a
prevenir de forma urgente una crisis alimentaria en
los campamentos saharauis, aportando los fondos
necesarios al Programa Mundial de Alimentos.
6.- Se abstenga de promover o apoyar toda medida que
debilite sus posibilidades de desempeñar un papel
equitativo en la búsqueda de una solución justa al
conflicto.
7.- Inste a las autoridades marroquíes a que pongan
en libertad a los presos saharauis encarcelados por
el ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales y se abstengan de toda vulneración de
los Derechos Humanos en este conflicto.
Madrid, 13 de marzo de 2007
Palacio del Congreso de los Diputados
Joan Herrera Torres
Gaspar Llamazares Trigo
Portavoz GP IU-ICV
Presidente GP IU-ICV
Información remitida por
José Manuel Fernández - Secretario del Grupo
Parlamentario IU-ICV, a quien agradecemos que nos la
haya facilitado
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