La represión en la excolonia española
ESTE DICIEMBRE, EL LETRADO ZARAGOZANO LUIS MANGRANÉ
ESTUVO COMO OBSERVADOR EN VARIOS JUICIOS CONTRA
INDEPENDENTISTAS SAHARAUIS. LA PRESIDENTA DE LA
ASOCIACIÓN UM DRAIGA DENUNCIA LA ACTITUD MARROQUÍ.
MERCHE SAAVEDRA
(09/02/2008)
Cuando el avión desciende aparecen las dunas del
desierto del Sáhara Occidental que llegan hasta el
mar. Sin embargo, este desierto no está deshabitado.
En las antiguas ciudades de la ex colonia española
--El Aaiún, Dakhla, Smara o Bojador-- viven decenas
de miles de saharauis bajo la ocupación marroquí que
pretende anexionarse este territorio. El Aaiun, con
una población superior a los 200.000 habitantes,
gran parte de ellos colonos marroquíes traídos por
el Gobierno de Marruecos desde 1976, aparece como
una ciudad en expansión. El desarrollo económico
tiene que ver con la explotación de los recursos
naturales de la zona.
Cerca de esta ciudad se encuentra el puerto de El
Marsa, donde centenares de barcos pesqueros se
amontonan en los muelles, y la fábrica de fosfatos
Fos Bucraa, adonde llega una cinta transportadora
que trae este mineral después de un recorrido de 70
kilómetros. La explotación de los recursos naturales
queda bajo el control de las autoridades marroquíes,
aun a pesar de que Marruecos no es la potencia
administradora del Sáhara Occidental, y que no puede
explotar lícitamente los recursos naturales del
territorio, por estar pendiente de descolonización.
La fisonomía de la ciudad de El Aaiun ha cambiado
desde que España abandonó el territorio. El gobierno
marroquí ha borrado gran parte de los restos de la
presencia española. Barrios como el de Colomina han
sido derruidos, y en su lugar se ha edificado una
gran plaza. Los pasillos del antiguo hotel Parador
se han llenado de fotos de la marcha verde, y las
casas y chabolas de los colonos son coronadas con la
bandera de Marruecos. Todo ello, con la intención
del ocupante de reivindicar el territorio como
propio. El idioma español también se ha relegado en
la educación; ahora, el francés se impone por
decisión oficial.
En los Territorios Ocupados (TTOO), la bandera
saharaui está prohibida, y pronunciarse a favor de
un Estado independiente es ilegal. Frente a esta
situación, los saharauis continúan protestando y,
aunque han excluído el uso de la violencia en la
reivindicación política, sus vidas y actividades
están sometidas al implacable aparato represivo de
la potencia ocupante. Una manifestación pacífica que
en mayo de 2005 fue salvajamente reprimida, fue el
detonante del actual levantamiento en los TTOO,
conocido como la Intifada Saharaui. Desde entonces,
muchos de los manifestantes han sido arrestados y
condenados a severas penas de prisión.
El asesinato a palos en El Aaiún del joven Hamdi
Lambarki, tras una manifestación proreferéndum; el
secuestro y tortura de activistas de los derechos
humanos como Hamad Hamad, Alí Salem Tamek o Aminetu
Haidar; la violación de la esposa de Alí Salem Tamek
en presencia de su hija de tres años, son solo
algunos de los muchos casos denunciados. Con la
intención de frenar este movimiento, la presencia
policial en la ciudad es abrumadora, las patrullas
la recorren todo el día o se disponen en esquinas y
sitios públicos --mezquitas, colegios e
institutos--.
Como parte de una misión de observadores del Consejo
General de la Abogacía, el pasado mes de diciembre,
el abogado de Zaragoza Luis Mangrané viajó a los
TTOO para asistir a los juicios que se celebraron
contra saharauis, visita en la que tuvo ocasión de
conocer a activistas de derechos humanos como Galia
Djimi, en El Aaiun, y Fakkou Lebeihi, en Smara,
comprobando la situación en que vive de la población
saharaui. En El Aaiun visitó a un herido grave que
vive en el Barrio del Cementerio, quien habría sido
arrojado por la policía desde el tejado del hotel
Smara, su estado físico es lamentable, no puede
andar, ni valerse por si mismo, y permanece en casa
atendido por su madre.
La ciudad de Smara se encuentra 200 kilómetros hacia
el interior y cercana a los Territorios Liberados,
bajo el control directo del Frente Polisario. Aquí,
la presencia policial y militar es mayor y se
percibe incluso antes de llegar a la ciudad. En la
carretera se suceden los controles, tanto de la
Policía como de la Gendarmería, realizando al
visitante las mismas preguntas. En Smara, los
activistas de derechos humanos de esta ciudad
relatan las dificultades que sufren diariamente los
saharauis, principalmente el acoso policial,
sensación que comprueba el visitante porque, junto a
la casa donde reciben al visitante, hay una
furgoneta de policía cuya exclusiva finalidad parece
ser la de vigilar a la familia que en ella vive.
La represión con la que las fuerzas de ocupación
marroquíes están intentando silenciar la intifada
que sacude el territorio de la excolonia española
continúa, y ello a pesar de la imagen que el Reino
de Marruecos pretende transmitir para conseguir
cerrar acuerdos preferentes con la Unión Europea. De
ahí la importancia de denunciar públicamente las
violaciones de derechos humanos en los TTOO y de
exigir a nuestros representantes políticos que
insten al gobierno marroquí a respetar los derechos
humanos.
ACTIVISTAS.
Los "guantánamos" del reino de Marruecos
(09/02/2008)
Resulta extraño encontrarse en la casa de Galia
Djimi cuando ven un reportaje sobre Guantánamo. Y es
que tanto Galia como su marido Dah Mustafa
estuvieron en su día en cárceles secretas de
Marruecos. Ella es la Vicepresidenta de la
Asociación Saharaui de Víctimas de Graves
Violaciones de Derechos Humanos cometidos por el
Estado Marroquí (ASVDH), asociación no reconocida
oficialmente por el Gobierno marroquí, y cuyos
integrantes se ven frecuentemente acosados por las
autoridades.
En los 80, estuvo encarcelada cuatro años sin que se
conociera su paradero y ha sufrido en primera
persona los abusos de las fuerzas de ocupación.
Desde su liberación en el año 1991 ha sufrido el
acoso policial, ha sido detenida, golpeada e
insultada en diferentes manifestaciones. Junto a
Aminetu Haidar, cuya labor en defensa de los
derechos humanos ha sido reconocida
internacionalmente con el premio Juan María Bandrés,
otorgado por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado y la Fundación CEAR y el premio Silver
Rose, demuestran el papel decisivo que representa la
mujer en la sociedad saharaui. Recientemente, se le
denegó el permiso para viajar a Europa, donde iba a
participar en un encuentro de organizaciones de
derechos humanos. Estas son parte de las
dificultades con las que afrontan su trabajo los
miembros de la asociación.
LOS JUICIOS.
"Los procesos son una farsa"
(09/02/2008)
En los asientos del Tribunal Penal de El Aaiun, los
hombres se sientan a un lado de la sala y las
mujeres al otro. El pasado 5 de diciembre, el
público masculino estaba compuesto mayoritariamente
por jóvenes saharauis, amigos de los procesados,
acusados de quemar coches de la policía. La
presencia policial en la sala era mayor que en días
precedentes.
El primer juicio en celebrarse fue contra Mohamed
Boutbba, joven saharaui de 18 años, quien entró en
la sala cantando consignas a favor de su pueblo y
vestido con una derrah, a la manera tradicional
saharaui, como lo harían después en el siguiente
juicio Nafai Sah y Mohamed Elboussati, quienes
tampoco llegan a los 20 años de edad.
La celebración de los juicios se suspendió ante las
irregularidades denunciadas por los abogados
defensores, hasta el 9 de enero, y después hasta el
pasado miércoles 6 de febrero, día en se celebró el
juicio contra Nafai y Mohamed y también se conoció
su sentencia: un año de prisión. El juicio de
Boutbba ha vuelto a suspenderse hasta el próximo día
27. Entre tanto, él ha regresado a prisión.
Después del juicio, los abogados defensores
explicaron que "los juicios no tienen las debidas
garantías y los jueces están sometidos a una gran
presión por parte del gobierno - En definitiva, los
procesos son una farsa, un teatro, sin las debidas
garantías como las que podamos tener en España o en
cualquier país occidental".
Las conclusiones de los observadores internacionales
que se desplazan para seguir estos juicios son que
éstos se apartan de los principios procesales
penales estipulados por la legislación internacional
y que no se respeta el principio de presunción de
inocencia. No se observan en la sustanciación del
procedimiento los principios rectores del Derecho
Penal. Y, tanto el Procurador (fiscal) como el
Tribunal, no conceden la necesaria e imprescindible
tutela judicial efectiva. El resultado de es que los
acusados son mayoritariamente condenados a penas de
uno a cinco años, sentencias que son posteriormente
confirmadas en la apelación, si bien en algunos
casos se reduce la condena en unos pocos meses.
La realidad denunciada por los activistas de
derechos humanos locales es bien diferente. En lugar
de los delitos imputados habitualmente --lanzamiento
de cóctel molotov, piedras, daños a la propiedad
pública ...--, lo que realmente se persigue es a los
manifestantes que reclaman la independencia, que se
arriesgan a ser acusados de estos delitos.
Dos de estos activistas, Dahha Rahmuni, desaparecido
durante cuatro años, y Brahim Elansari, estuvieron
detenidos en la comisaría de El Aaiun los días 3 y
14 de diciembre. Fueron sometidos a malos tratos,
vejaciones y golpes e interrogados por sus
actividades políticas y por sus relaciones con los
observadores internacionales. Estos hechos fueron
denunciados a través de su web asdvh.net, uno
de los escasos recursos con los que cuentan los
miembros de la asociación para permanecer en
contacto con la comunidad internacional y dar a
conocer sus reivindicaciones. |
